La apertura de una nueva vía de acceso a la altura de avenida Coronel Suárez al 400. Las obras de restauración en el museo nacional Casa del Obispo Colombres. La supuesta desidia en la poda de árboles. El presunto apartamiento de los lineamientos paisajísticos diseñados por el arquitecto Charles Thays a inicios del siglo XX. Indicios de abandono en el riego y el cuidado del césped y de las instalaciones en general del predio.
Estos son cinco de los argumentos expresados por los oficialistas Marcelo Caponio (es apoderado del PJ local) y Luis Morghenstein (preside la comisión de Obras Públicas de la Cámara) en el proyecto de ley que propone la “provincialización” del parque 9 de Julio, el pulmón verde más importante de la capital. Si la iniciativa avanza, se creará un Consejo de Protección Integral específico para que “administre”, “mantenga” y “restaure” ese espacio, en lugar de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
La gestión del intendente Germán Alfaro, de Cambiemos, refutó los motivos planteados por los oficialistas Caponio y Morghenstein (ver nota aparte). De todas formas, si la Casa de Gobierno decide tratar la iniciativa, cuenta con los votos suficientes en el recinto legislativo para darle forma de ley.
El artículo 2° del texto expresa cuáles serían los objetivos generales, y el primer inciso propone “retirar la facultad de administración del parque 9 de Julio” a la Capital. Así, la tarea de “conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible” del predio pasaría al Consejo de Protección Integral. De crearse, este organismo contará con seis representantes, que deberían ser propuestos por la Secretaría de Medio Ambiente del PE -el ente propuesto funcionaría bajo su órbita-, por la Unidad de Reconversión del Espacio Público, por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia, por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNT), por la Facultad de Agronomía (UNT) y por el Instituto Miguel Lillo (UNT).
La propuesta de Caponio y Morghenstein cuenta con dos anexos de más de 300 páginas, donde constan antecedentes normativos y actuaciones administrativas referidas al predio. Allí se recuerda que el parque 9 de Julio fue “comprado” por la Provincia en 1906, a instancias de la ley nacional 5.038, que permitió la expropiación de unas 400 hectáreas. “Actualmente (el paseo público) ocupa menos de la mitad de la superficie adquirida para ese fin”, remarca el proyecto. Y dedica varias páginas a cuestionar la labor de la gestión de la Intendencia capitalina. “Llama la atención la conducta desplegada por la Municipalidad, al llevar a cabo la construcción de una calle (a la altura de Coronel Suárez al 400) al margen de todo marco legal, sin respetar leyes que protegen al parque como patrimonio cultural provincial. Esta situación pone de manifiesto las irregularidades en las que incurre (la Capital) al ejercer su facultad de administración”, consignaron. Y agregaron que la “actitud infractora de la Municipalidad no es una novedad”. En ese sentido, recordaron que, en 2014, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos envió una nota para objetar las obras de restauración de la Casa del Obispo Colombres “sin que hayan sido autorizadas” por ese organismo. Los legisladores remarcaron luego que, si bien la Capital administra el predio, su dominio está en manos de la Provincia. “El deterioro o desaparición de un bien del patrimonio cultural constituye un empobrecimiento nefasto para la cultura de los pueblos”, sintetizaron Caponio y Morghenstein.
"El proyecto está basado en argumentos falaces"
Un nuevo “avasallamiento”. Así definió la Municipalidad de San Miguel de Tucumán al proyecto del oficialismo de la Legislatura, mediante el cual se pretende quitarle la administración del parque 9 de Julio y trasladarla a un nuevo ente, dependiente del PE.
“El municipio va a usar todas las herramientas y los medios legales, procesales y judiciales a los fines de defender un patrimonio que hace a la historia no sólo de la ciudad, sino de toda la provincia”, señaló Walter Berarducci, secretario de Gobierno de la gestión del intendente, Germán Alfaro.
El funcionario aclaró que aún no accedió a la iniciativa, a la que sólo conoció a través de la prensa. Pero advirtió que la medida sería “un avasallamiento no sólo en lo institucional, sino también para todos los vecinos de San Miguel de Tucumán y de los tucumanos en general que vienen a disfrutar” del parque. “El proyecto (del oficialismo provincial) está basado en argumentos falaces. No hubo incumplimientos a leyes nacionales. Toda intervención (que se realizó allí), como la apertura de la Coronel Suárez o las obras en la Casa del Obispo Colombres, tuvieron la autorización no sólo del ente provincial de Patrimonio, sino también de todas las autoridades nacionales con competencia”, aseveró Berarducci. Y objetó “que la Provincia quiera intervenir en el parque más significativo y simbólico de la ciudad”. “Deberían abocarse a las competencias que le son exclusivas, como la limpieza de Canal Sur y Canal Norte. Que se hagan cargo de la SAT. Y también de Campo Norte, del que siguen teniendo la titularidad dominial”, retrucó.